Partido Conservador: «Colombia enfrenta hoy una grave amenaza contra la libertad electoral»
El Partido Conservador Colombiano reitera su profunda preocupación por las recientes informaciones divulgadas por miembros de la Fuerza Militares y medios de comunicación que evidencian la expansión de estructuras armadas ilegales y las claras presiones e injerencias en el actual proceso electoral.
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Generan especial preocupación las denuncias conocidas en zonas de Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Chocó, incluyendo municipios como Policarpa, Ricaurte, Túquerres, Argelia, Totoró y La Vega, donde se advierte sobre presiones a electores, amenazas contra comunidades y mecanismos de control ilegal del voto.
Colombia está enfrentando hoy una grave amenaza contra la libertad electoral. Resulta especialmente grave que oficiales y miembros de la Fuerza Pública que advierten sobre riesgos para la seguridad electoral sean relevados de sus funciones en una coyuntura particularmente sensible.
Las alertas institucionales deben ser investigadas y atendidas, no ignoradas ni sancionadas. Apartar a quienes denuncian la amenaza de los grupos armados mientras crecen las evidencias de su capacidad de intimidación electoral genera una preocupante percepción de tolerancia frente a fenómenos criminales que deberían ser combatidos con toda la capacidad del Estado.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las autoridades electorales para que adopten medidas inmediatas que garanticen condiciones plenas de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional, a las misiones de observación electoral y, de manera especial, a los Estados Unidos, mantener una atención rigurosa sobre cualquier amenaza que pueda afectar la libertad y transparencia del proceso democrático colombiano.
Recordamos al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, que su deber superior es con la Constitución, la democracia y la protección de los colombianos. Los gobiernos son transitorios, pero las instituciones permanecen.
La Fuerza Pública no puede dar la impresión de desatender las alertas de quienes advierten amenazas contra la libertad electoral mientras organizaciones criminales continúan ampliando su presencia e influencia en distintas regiones del país.
La defensa de la democracia no admite ambigüedades. Colombia no puede permitir que la delincuencia organizada, el narcotráfico o los grupos armados ilegales pretendan influir en la voluntad soberana de los ciudadanos para preservar condiciones que han favorecido su fortalecimiento y expansión.
La legitimidad del poder político solo puede provenir del voto libre de los colombianos y no de la intimidación o las armas.
