#LaOpinionDeColmenares.

Luís Alonso Colmenares Rodríguez – Veedor Ciudadano

Con el ventilador encendido y la cuenta de la luz sin pagar, así vive hoy medio millón de familias en el Caribe colombiano. Comer o pagar la energía no es una metáfora en una tierra donde el termómetro roza los 35 grados casi todos los días del año. ¿Quién le dice a una madre en Riohacha o en Montería que apague el aire acondicionado cuando el calor no la deja dormir a ella ni a sus hijos? ¿Cómo ahorra energía quien vive literalmente dentro de un horno?

Lo que encontré investigando esta crisis me dejó indignado y, al mismo tiempo, esperanzado. 

Indignado porque las cifras son brutales: Air-e acumula una deuda que los gremios calculan entre 2,5 y 6 billones de pesos, después de que su patrimonio cayó de 2,2 billones a apenas 131.000 millones en un solo año de intervención estatal. Afinia, por su parte, arrastra cerca de 960.000 millones de pesos que la propia Nación le debe por opción tarifaria y 146.000 millones más por subsidios sin girar. Es decir: una parte enorme de esta crisis no la causó el usuario que no pudo pagar, sino que la causó el Estado porque no ha pagado lo que debe.

Pero también tengo motivos de esperanza, porque Colombia ya vivió algo parecido y lo resolvió. El Metro de Medellín estaba a punto de convertirse en una tragedia financiera en 1980. La Nación no lo abandonó: asumió una parte de esa deuda, la estiró en el tiempo, le puso una fuente de pago y hoy ese metro es orgullo del país. Si eso se hizo por unos rieles, ¿por qué no hacerlo por la vida y la dignidad de la gente del Caribe que hoy sufre apagones, electrodomésticos quemados y facturas impagables?Por eso sugiero que se construya un modelo de refinanciación que no busque señalar culpables sino repartir responsabilidades. 

El Gobierno Nacional debe titularizar la deuda que le pertenece, la de opción tarifaria y subsidios, convirtiéndola en un título de deuda pública a treinta años, pagada con una porción de las regalías de gas y carbón que produce el propio Caribe. No sería un regalo de Bogotá: sería la región recibiendo de vuelta su propia riqueza para sostener su propio servicio.

Air-e y Afinia también tienen que asumir su responsabilidad en el problema porque, por ejemplo, no es aceptable que las pérdidas técnicas lleguen al 31%, ni que el recaudo apenas alcance el 73%, mientras contratan decenas de asesores externos en medio de la intervención. Las empresas deben invertir en redes, reducir pérdidas y responder por los daños que sus fallas causan en los electrodomésticos de la gente, porque el usuario ya no aguanta más maltrato silencioso.

Y los usuarios tampoco pueden convertir la desesperación en violencia contra postes, oficinas o trabajadores de las empresas, porque solo empeora el problema. La indignación es legítima, pero la salida no está en la ira sino en la presión organizada, pacífica y persistente sobre el Congreso, el Gobierno y las empresas para que construyan juntos ese modelo de refinanciación.

Este no es un problema que un solo actor pueda resolver. El Gobierno debe pagar lo que debe y facilitar la refinanciación en plazos razonables. Las empresas deben invertir, ser transparentes y responder por sus fallas. El Congreso, en especial la bancada Caribe, debe impulsar una ley que imponga soluciones más allá de un gobierno. Y los usuarios debemos exigir con firmeza, pero sin violencia, porque la energía no es un lujo en el Caribe: es una condición de vida.

Yo no tengo la fórmula perfecta, pero sí tengo claro que seguir apagando la luz a quien no puede pagar, en una región donde el calor no da tregua, es una forma silenciosa de crueldad institucional. Ya hay un camino probado que usaron con el Metro de Medellín hace cuatro décadas, y ya hay una crisis fiscal que exige creatividad, no más parches. Lo que falta es la voluntad política de sentarse, repartir la carga con justicia y devolverle al Caribe el derecho más básico: vivir con dignidad bajo su propio sol.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…» @LColmenaresR