Comisión de Seguimiento Electoral apunta a votaciones con transparencia
En el marco de la implementación del Plan Ágora, iniciativa del Ministerio del Interior para garantizar unas elecciones tranquilas el próximo 27 de octubre, se realizó en la Gobernación del Atlántico la Comisión de Seguimiento Electoral Departamental, con presencia de representantes del Ministerio, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y representantes de los partidos políticos.
Con la participación de las autoridades nacionales se evaluaron las acciones que se implementan para que en el Atlántico haya plenas garantías electorales en octubre, se escucharon las inquietudes de los voceros de los partidos políticos y se les hizo saber cómo se avanza en los casos que se reportaron en comisiones anteriores.
El secretario del Interior del Atlántico, Jorge Ávila Pareja, coordinó el evento, toda vez que el Departamento ejerce la Secretaría de la comisión e indicó que a través de su activación y su funcionamiento se busca brindar espacios deliberativos a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.
“Estos encuentros se realizan para que la ciudadanía presente sus preocupaciones respecto al desarrollo del calendario electoral, y que los organismo competentes de control y vigilancia puedan activar las rutas correspondientes para atender cada una de las situaciones denunciadas”, anotó Ávila Pareja.
Esta Comisión Departamental ha venido sesionando de manera regular y se van a intensificar, la próxima será en ocho días, a la espera de emitir las decisiones de los organismos competentes ante posibles delitos electorales.
Al terminar la reunión, el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Hernán Penagos, señaló que en el Atlántico se implementará con mucha precisión el Plan Ágora, una estrategia para buscar la protección y la seguridad de los líderes y candidatos que estén amenazados y propiciar la transparencia del proceso electoral.
“Necesitamos que las elecciones sean pacíficas, tranquilas y democráticas para evitar que las estructuras criminales capturen los cargos de elección popular “, dijo el magistrado Penagos.
En ese sentido, en el Atlántico se anularon 125.000 inscripciones de cédulas: 55.000 en Barranquilla, 23.000 en Soledad, 7.000 en Malambo y 9.000 en Puerto Colombia, que tuvieron los registros más altos de desagregaciones de documentos.
Estas medidas se toman con base en cruces de bases de datos y visitas que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, entidad que enviará estos listados a cada una de las registradurías de los municipios, para que se publiquen y que los afectados se acerquen con pruebas de que no son trashumantes y sean reincorporados al censo electoral.
Sin embargo, aquellas cedulas que se anulen sí podrán participar en las elecciones, específicamente en el lugar donde se votó la última vez antes de la inscripción defectuosa.
Otra preocupación en la Comisión tiene que ver con otro dato del Consejo Nacional Electoral, y es que en el Atlántico, de los 3.576 candidatos inscritos a diferentes corporaciones públicas solo 49 han subido a las plataformas del Estado los gastos de sus campañas.
La no publicación de estos datos puede acarrear investigaciones por parte del Consejo y sanciones millonarias, además, si no reportan y al final de las elecciones se superan los topes de campañas, no solo puede perder la investidura sino que se es sujeto de investigaciones penales por parte de la Fiscalía y afrontar medidas privativas de la libertad.
El secretario del Interior Departamental agregó que quedan pendientes decisiones particulares en ciertos municipios de acuerdo a las denuncias instauradas por los representantes de los partidos.
“Nosotros hacemos, a través de la Comisión que la información llegue y se canalice de manera oportuna, y que organismos como Fiscalía y Procuraduría tomen las decisiones correspondientes” aseguró Ávila Pareja.
La última Comisión, previa a las elecciones del 27 de octubre, será el 25 de ese mes, y en ella se atenderá todo lo correspondiente a seguridad y orden público. Se fusionará con un consejo de seguridad y una comisión de garantías electorales, para que los organismos de seguridad del Estado presenten sus informes en cuanto al cubrimiento de los comicios.
