Estado de emergencia decretado por el Gobierno Duque no cumplió sus propósitos, afirman congresistas
Más de 30 congresistas independientes, alternativos y de oposición a través de un comunicado conjunto a la opinión pública dejaron conocer sus posición acerca de la declaratoria del Estado de emergencia por el Covid-19, el cual han evaluado determinando que ha sido infructuoso al no cumplir con los objetivos previstos.
El siguiente es el texto del pronunciamiento firmado por los congresistas Iván Marulanda, Roy Barreras, Guillermo García Realpe, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Rodrigo Lara, Juan Luis Castro, Antonio Sanguino, Jorge Robledo, Wilson Arias, Gustavo Bolívar, Luis Fernando Velasco, Roosevelt Rodríguez Ritter López, Germán Hoyos, Aida Abella, Feliciano Valencia Carlos Antonio Lozada, Sandra Ramírez, Iván Name, Wilson Arias, María José Pizarro, Germán Navas Talero, Ángela María Robledo, Jhon Jairo Hoyos Harold Valencia, Omar Restrepo, Luis Albán, David Racero, León Freddy Muñoz y Wilmer Leal.
Los colombianos hicieron un enorme esfuerzo con costos económicos, sociales y emocionales incalculables durante cerca de dos meses y medio, manteniéndose en confinamiento solo para darle tiempo al Gobierno Nacional de cumplir los propósitos que justificaron la declaración de la Emergencia Sanitaria. El esfuerzo fue desperdiciado, lo único que se logró fue aplazar el pico de crecimiento del virus. Los dos propósitos fundamentales que era tener los hospitales a punto y el recurso humano y técnico en salud en su máxima capacidad evidentemente no se lograron y tampoco garantizaron alimentar a la población y garantizar su renta básica o ingreso mínimo, de suerte que pasados más de dos meses el hambre, el desempleo y los decretos del Gobierno Nacional, en la práctica acabaron con la cuarentena sin que el país en sus regiones, en sus departamentos y ciudades, estén listos para contener la crisis epidémica, afirmaron los parlamentarios.
Con una juiciosa revisión de los setenta y cinco decretos legislativos expedidos entre el 17 de marzo y el 15 de abril y los treinta y dos decretos ordinarios relacionados con la emergencia, expedidos en el mismo lapso, los congresistas demuestran de que manera la inmensa mayoría de las medidas fueron orientadas hacia sectores económicos y no precisamente hacia los más vulnerables, sino hacia los intermediarios financieros tanto así que 48 decretos legislativos se refieren a materias económicas y solo uno, el Decreto Legislativo 538 de 2020, se refiere específicamente a la prestación de los servicios de salud.
Los parlamentarios demuestran además que los recursos que se están girando al sistema de salud no corresponden a recursos de emergencia, sino a recursos ordinarios, viejas deudas que debían haberse pagado a través de la ley de punto final y que para su pago, igual que en tiempos ordinarios y no de emergencia se usaron los circuitos de intermediación de las EPSs y de ADRES, en este último caso con el agravante de que el Decreto ordinario 481 de 2020 autorizó que ADRES pague cuentas por valor de cinco billones, sin ninguna auditoría ni control.
Los parlamentarios hacen notar que según cifras del gobierno ha invertido 4,3% del PIB, equivalente a cuarenta y tres billones de pesos en la emergencia de los cuales veintiocho punto cinco billones corresponderían a los recursos iniciales del FOME constituido por los recursos del FAE, el FONPET, ISAGEN y del Fondo de Riesgos Laborales y otro tanto por recursos de endeudamiento, que por supuesto debemos pagar todos los colombianos en los próximos años, sin embargo aunque sorprenda a los colombianos de esos cuarenta y tres billones de pesos, no llegó un solo peso de emergencia a los hospitales de Colombia, no se logró la formalización de los trabajadores de la salud, que siguen trabajando tercerizados, a través de OPSs o a destajo, no se garantizaron recursos suficientes para la bioseguridad de los ciudadanos en las calles, no se destinó un solo peso para la construcción de hospitales de campaña y tampoco se garantizó giros directos a las entidades territoriales, a las Gobernaciones y Alcaldías para que pudieran alimentar a su población. Como consecuencia los colombianos agotaron el recurso de la cuarentena sin haber logrado los objetivos de protección originales.
Los congresistas que evaluaron las medidas de emergencia, también encontraron que las medidas tomadas por el Gobierno, a través de lo que han llamado Ingreso Solidario implicaron la irregular distribución de giros a población vulnerable de manera insuficiente. En lo relativo a la distribución de mercados, esta resultó siendo un desastre a través de la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio del Interior, como todo el País evidenció, además de ser un número de provisiones insuficiente frente al tamaño de las poblaciones que debían cubrir. En cuanto a las transferencias monetarias, también insuficientes, insignificantes e insostenibles en el tiempo, fueron de nuevo giradas a través de los bancos pagando comisiones a la banca privada en plena emergencia, pero además con el viejo modelo de focalización asistencialista, que significa una relación clientelar, entre el gobierno de turno y la población vulnerable. El Gobierno se negó a establecer como derecho universal a la supervivencia una renta básica como los congresistas le han propuesto desde el pasado 18 de abril.
Finalmente, los congresistas hicieron énfasis en que no está para nada claro en qué se ha gastado el Gobierno Nacional los cerca de cuarenta y tres billones de pesos, e inclusive en alguna afirmación el Ministerio de Hacienda había expresado que los gastos eran cercanos a los más de cien billones de pesos, lo que si queda claro en el informe de los congresistas es que el Gobierno decidió centralizar los recursos de emergencia y privatizarlos en la medida en que todo lo que ha ejecutado, lo ha hecho a través de la intermediación financiera, favoreciendo a los bancos, a las EPSs, a las aseguradoras y no a los sectores más vulnerables.
