Caso de Unimetro: Expectativa por audiencia donde definirán situación jurídica de dos jueces y un Fiscal
Por JAVIER DE LA HOZ LUNA
*”Para nosotros sería preocupante que no se les restringiera la libertad a esas personas despojándole de esas investiduras por lo menos hasta que se desarrolle el juicio y se decide si son responsables de los delitos de los cuales están sindicados”: Alejandro Arcila, abogado de la Unimetro
Gran expectativa hay en Barranquilla sobre la decisión que tome en el día de hoy el Juez Primero Promiscuo Municipal de Galapa, Atlántico, quien conoce del caso de corrupción en la toma de decisiones judiciales contra directivos de la Universidad Metropolitana y miembros de la familia Acosta Bendek donde están implicados dos jueces y un fiscal.
La audiencia para decidir la imposición de medida de aseguramiento al juez 13 Penal de Barranquilla, Rafael Uribe Henríquez; el juez primero penal municipal, Alberto Oyaga Machado; y el fiscal 56 Seccional de la unidad de Patrimonio Económico, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, esta prevista para las ocho de la mañana de hoy.
De acuerdo a las informaciones conocidas por esta redacción las víctimas de los sindicados tienen cierto escepticismo de los que pudo ocurrir hoy en la audiencia teniendo en cuenta que los sindicados, pertenecen al Poder Judicial y en repetidas oportunidades han sido objeto de investigaciones por el entramado de decisiones amañadas a favor de terceros, como ocurrió en el caso de la Universidad Metropolitana para afectar a los miembros de la familia Acosta Bendek, quienes se vieron precisados a interponer acciones es penales contra esos funcionarios.
El abogado Alejandro Arcila Castro, abogado penalista, apoderado de la Universidad Metropolitana y de la familia Acosta Bendek, en diálogo con www. Alternativacaribe.info, dijo: “Estos funcionarios del poder judicial, según lo expresado por la Fiscalía tomaron dos decisiones que afecta a los directivos de la Universidad Metropolitana. Una de ellas buscaba que se les dictara medida de aseguramiento para ser recluidos en un centro de reclusión”.
De otra parte Arcila Castro expresó “La Universidad Metropolitana y sus directivos tienen el firme propósito de concurrir ante las autoridades judiciales y acompañarlas para que la opinión pública comience a conocer lo que realmente está ocurriendo detrás de este caso que le ha afectado, meditativamente, jurídicamente”.
Enfatizó al manifestar:“Lo que se conoce hoy es la tesis de la Fiscalía General de la Nación es que detrás de todo esto hay un entramado ilegal que incluye corrupción jubila debido a las decisiones contrarias que afectaban a los directivos de la universidad y del hospital como tal. Por fortuna esas decisiones ya catalogadas como ilícitas por varias autoridades que han coincidido en sus conceptos; esperamos que en las próximas horas se tomen decisiones que nos permita avanzar en el propósito que autoridades como la Gobernación del Atlántico tenga claridad y restablezca la dirección del hospital a las personas que realmente deben estar”.
De otra parte el abogado Alejandro Arcila, vocero de la Universidad Metropolitana y de la familia Acosta Bendek, afirmó “para nosotros como institución nos resulta absolutamente llamativa la forma de proceder de estos tres funcionarios que emitieron esas decisiones, con un proceder totalmente obstinado, rebelde actuando en contra inclusive de las decisiones de sus superiores funcionales dentro de esa institución denominada Fiscalía General de la Nación, en contra de los precedentes de los jueces de las normas. Eso nos hace pensar que hay alguien más de tras de esas desiciones y ese alguien mas puede estar identificado con la persona que se beneficia con las mismas decisiones y esperamos y es la intención de la universidad y sus directivos seguir adelante para poder garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de la universidad y sus directivos y encontrar a los responsables de este asunto y cuando se tomen las decisiones lo daremos a conocer a la opinión pública“.
Finalmente el abogado señaló: “Hay una preocupación que le asiste a las víctimas en este caso porque las funciones que estas personas desempeñan, el rol que las personas implicadas desempeñan en la sociedad, la investidura y la dignidad que deberían representar a la justicia, puede ser eventualmente mal utilizada para efecto seguir afectando no sólo a las víctimas sino a la en general. porque fue absolutamente llamativo para nosotros como la Fiscalía General de la Nación logró listar una gran cantidad de actuaciones judiciales en contra de esos funcionarios, no solamente en este caso sino al parecer en otros procesos por lo que están siendo investigados, sino otras actuaciones que van en detrimento de instituciones y de la comunidad en general de la justicia misma.
Para nosotros sería preocupante que no se les restringiera la libertad a esas personas despojándole de esas investiduras por lo menos hasta que se desarrolle el juicio y se decide si son responsables de los delitos de los cuales están sindicados”
