Contraloría abrirá proceso de responsabilidad fiscal: Agencia Nacional de Minería dejó de cobrar $21.955 millones a Minera El Roble
La Contraloría General de la República estableció un presunto detrimento patrimonial por valor de $21.955 millones por no la liquidación y cobro, por parte de la Agencia Nacional de Minería, del pago obligatorio que por concepto de participación nacional tenía que hacer -desde 2014- la Minera El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) y cuya operación está a cargo de la compañía canadiense Atico Mining.
Esta es la principal conclusión de una actuación especial a la ANM que realizó en los meses de marzo y abril de este año la Contraloría Delegada de Minas y Energía.
El hallazgo con incidencia fiscal fue trasladado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo con el objeto de que abra el proceso de responsabilidad fiscal correspondiente y se puedan recuperar estos recursos tan importantes para la Nación.
¿Qué pasó?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2477 de 1986, en la cláusula vigésima segunda del contrato de concesión 9319 se estableció que “Cuando el nivel de producción anual supere las 100.000 toneladas, la participación nacional por la explotación será equivalente al 3% del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza”.
Y se evidenció que, a partir del año 2014 y hasta el 2020, este contrato de concesión supera las 100.000 toneladas de producción en bruto.
La minera El Roble explota sulfuros polimetálicos, principalmente concentrado de cobre con contenidos de oro y plata.
La Contraloría instó a la Agencia Nacional de Minería a que revise si es procedente adelantar la caducidad del contrato de concesión ante el incumplimiento de la compañía minera, pues así se desprende de los efectos por inobservancia en el pago de estas obligaciones fiscales.
Igualmente, le pidió que revise el pago de las regalías que se pudieron haber causado desde 1991 a la fecha.
La ANM incumplió sus deberes funcionales
La Contraloría Delegada de Minas y Energía se dio a la tarea de revisar los actos administrativos proferidos por la ANM y encontró que la entidad no ha realizado el debido cobro de esta participación nacional. Y, además, no ha hecho uso de los recursos jurídicos que le permite el Decreto 2477 de 1986, como lo es el de la caducidad.
De acuerdo con los registros de las exportaciones realizadas, que se encuentran en el expediente minero digital para el período 2014-2020, el total de las participaciones nacionales asciende a 6 millones 140 mil dólares, o sea $21.955 millones (considerando la tasa representativa del mercado del 16 de marzo de 2021). La propia Minera El Roble ha declarado y reportado este total de participación nacional calculada.
Para la Contraloría es claro que la Agencia Nacional de Minería no cumplió con su función de efectuar la liquidación y cobro de la participación nacional que se obligó a pagar la Minera El Roble cuando se cumpliera la condición de obtener una producción superior a las 100.000 toneladas de producción del metal.
El organismo de control consideró que esta situación demuestra un incumplimiento del deber funcional de la ANM a la cual por mandato legal le fue asignada la administración y recaudo de cualquier contraprestación derivada de la explotación de minerales, sin que hasta el momento se haya evidenciado una justificación jurídica o administrativa válida para tal comportamiento que ha traído como consecuencia que al patrimonio del Estado hayan dejado de ingresar recursos en cuantía de $21.955 millones, lo que constituye un presunto daño patrimonial.
Sostiene que, si bien es cierto que la ANM ha realizado alguna gestión de cobro de estos valores, es inoportuna e ineficaz, ya que una vez se le advirtió de esta situación la entidad procedió a realizar en 2021 la liquidación y cobro de la participación nacional causada desde 2014, por lo que se considera una gestión antieconómica que ha causado el no cobro oportuno de los recursos de las contraprestaciones económicas que por ley corresponden al Estado.
