Medios de comunicación perderían la Personería Jurídica por denunciar a servidores públicos
Por JAVIER DE LA HOZ LUNA
A pesar que la plenaria de la Cámara aprobó con 93 votos a favor y 19 en contra, el proyecto de ley Anticorrupción que contó con la ponencia del representante por la circunscripción del Atlántico, César Lourdy, fue rechazado por las agremiaciones periodísticas al considerar que el artículo busca sancionar con cárcel y amonestaciones económicas a los medios de comunicación que denuncien a los servidores y ex servidores públicos y cuyas denuncias sean consideradas como calumnias e injurias.
El controvertido artículo fue incluido en la ponencia de último debate en donde se plantea cárcel hasta 120 meses y sanciones pecuniarias hasta de 1.500 salarios mínimos mensuales para quienes incurran en estos delitos, por lo que las organizaciones periodísticas como la Fundación para la Libertad de Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación levantaron su voz de protesta haciendo críticas al artículo que es contrario a los estándares interamericanos y constitucionales, “porque se promueve el uso de la vía penal como sanción a la libertad de expresión”, conceptuó la Flip.
Ante este hecho parlamentarios de la oposición e independientes presentaron proposiciones para archivar el artículo, pero solo se logró la modificación del mismo en donde se le suprime las sanciones carcelarias y económicas quedando en firme la pérdida de la Personería Jurídica.
Los cambios fueron aceptados y avalados por el autor y ponente del artículo, el representante C´ésar Lorduy, de Cambio Radical, quien aspirará al Senado de la República en las elecciones parlamentarias de marzo 13 de 2022.
Con los cambios el articulo quedó de la siguiente manera:
“Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece”.
La representante Juanita Goebertus, quien es una de las parlamentarias que propuso la eliminación del artículo expresó que a pesar de la modificación queda latente una persecución contra la libertad de expresión: “Se amplía la injuria y la calumnia como delito para que la consecuencia pueda ser, incluso antes de la condena, la pérdida de personería jurídica, lo que es especialmente grave para periodistas, ciudadanía que hace veeduría o partidos que hacen control político”.
Según la representante del Partido Verde, “limitar de esta manera la libertad de expresión, el derecho a la oposición, es inconstitucional y es abiertamente contraria a la Convención Interamericana. Este es el camino de regímenes autoritarios a lo largo y ancho del continente, de izquierda y de derecha, que han usado este tipo de leyes sobre injuria y calumnia, para perseguir a sus contradictores”.
