Informe ONU: ¿Gobernabilidad en riesgo?
Por José Félix Lafaurie Rivera @jflafaurie
“La guerra se acaba cuando se transforman los territorios y la vida de las comunidades”. Con esta frase, Juliette de Rivero, representante de la ONU para los DD. HH. remató la presentación de su informe sobre Colombia para 2023; frase que es contracara del reiterado reclamo ganadero: “La paz pasa por la recuperación del campo”.
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Así las cosas, estaríamos alejándonos de la paz, porque en lugar de la presencia creciente del Estado en el campo, el informe señala que “continúa la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales…”.
En 2023, la ONU identificó 206 municipios donde la violencia afectó los derechos humanos, fenómeno que se extiende a las ciudades: Cali está entre cuatro de impacto crítico y Bogotá en las de impacto muy alto.
En agosto del mismo año, la Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de hechos de violencia y del ejercicio libre del sufragio, a partir de la presencia del Clan del Golfo en 331 municipios, el ELN en 231, las disidencias FARC – EMC en 234, Segunda Marquetalia en 65, Comandos de Frontera en 24 y otras en 34; los grupos sin identificar en 24 y residuos de las AUC y EPL en 187; precisando que en cada municipio puede estar más de un grupo.
La conclusión de la ONU es contundente: “La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos…”.
A pesar de tan dura conclusión, la ONU no abandona sus sesgos. Cuenta asesinatos de líderes sociales, ex Farc y ejecuciones extrajudiciales, pero olvida los de policías y militares.
Insiste en el Acuerdo con las Farc y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero aparte de tímidas alusiones a “fortalecer la capacidad institucional para la protección de la población…”, evita hablar de seguridad y fortalecimiento de la Fuerza Pública.
Se preocupa porque los grupos armados ejercen control en juntas de acción comunal y organizaciones de base, pero no por el ataque a la producción agropecuaria, generadora de empleo y base de la sustitución de rentas ilícitas.
Recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para “hacer estado”, pero omite la cooptación de las autoridades locales del Estado por grupos ilegales.
Considera “esencial” empoderar a las organizaciones con “medidas de protección colectivas para resistir a la presión de los grupos armados…”; pero nunca recomendaríaempoderar los gremios rurales con “medidas de protección colectivas”, como los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de FEDEGÁN.
Comparto el diagnóstico: La gobernabilidad en riesgo, pero rechazo los sesgos e insisto en la urgencia de quitarle el territorio a los bandidos y en el derecho de los productores a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad.
