Gremios propone asignar $2.5 billones para aliviar tarifas de energía en la Costa Caribe

Los gremios ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y NATURGAS le enviaron una misiva al presidente Gustavo Petro con cinco propuestas concretas que desde el gremio consideran pertinentes para bajar las tarifas de energía a los usuarios de la Costa.

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En la comunicación destacaron los hechos que han confluido para generar la situación de incremento de las tarifas en esta región del país y los esfuerzos que han implicado para los nuevos prestadores del servicio enfrentar las condiciones y eventos inesperados. También, expusieron la situación de estrechez entre la oferta y la demanda de energía, que se ha acrecentado por el incremento de los consumos y la demora de los proyectos en curso.

Aclararon que una modificación de la Ley 142 de 1994, de Servicios Públicos, no se traducirá en una reducción de las tarifas en el corto plazo; por lo cual pidieron separar la discusión y enfocar los esfuerzos en solucionar la situación puntual de la región.

De igual manera los directores gremiales aseguraron que: “Las empresas de Servicios Públicos están comprometidas con los colombianos, con prestar el mejor servicio a precios que no sea impagables por las familias, por eso desde hace varios meses venimos buscando alternativas para aliviar el bolsillo de los usuarios. Es importante recordarle a la ciudadanía que los precios no son arbitrarios y que dependen de una serie de factores tanto locales como internacionales y son fórmulas que están reguladas por la CREG”.

Las propuestas son:

1. Establecer un alivio para los usuarios de la Costa con nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación, con base en dos alternativas:

a. Cubrir para los usuarios los saldos de la opción tarifaria: Asignar $2,5 billones para aliviar a los usuarios de la región Caribe del saldo que estos tienen pendiente por pagar a los prestadores. En consistencia con el objetivo planteado por este gobierno, esto tendría un resultado de muy corto plazo de reducción en la tarifa de alrededor de 200 $/kWh para los usuarios de Aire y de 90 $/kWh para los usuarios de Afinia; equivalentes al 17% y 8% de la tarifa de febrero, respectivamente.  

b. Cubrir el 50% de las pérdidas durante seis meses: Asignar $1 billón de pesos a los dos prestadores del servicio de energía del Caribe, para cubrir el equivalente al 50% del valor del componente promedio de pérdidas durante los próximos seis meses, después de lo cual se habrá superado el Fenómeno de El Niño. Esto corresponde a una reducción entre 9% y 10% de la tarifa de febrero, que busca aliviar a los usuarios del pago equivalente al costo adicional aplicado por el régimen transitorio aprobado.

Los recursos mencionados son mucho menores a los aportes anuales que el sector eléctrico proporciona en impuestos, de alrededor de $4,7 billones.

2. Generar las condiciones para que haya una mayor oferta de energía. La manera más optima, desde la política gubernamental, de obtener mejores precios es generar las condiciones para que haya más oferta y así los usuarios se puedan ver beneficiados de una amplia competencia, incluyendo la proveniente de comunidades energéticas. Por tanto, se solicita:

• Generar las condiciones técnicas y la confianza inversionista para que los proyectos de energía en construcción y futuros, especialmente los de Fuentes Renovables No Convencionales y las líneas de transmisión asociadas, entren en operación y entreguen más energía al sistema.
• Garantizar la disponibilidad de gas natural, para lo cual es indispensable seguir incrementando la exploración y producción para aumentar las reservas probadas, por la importancia de este energético vital para la transición energética en Colombia.
• Mejorar las condiciones de seguridad que hoy están poniendo en riesgo a la infraestructura energética y la integridad física del personal operativo de los prestadores, asuntos que impactan la calidad del servicio prestado. Estos son principalmente generados por orden público, vandalismo y hurto de infraestructura, y condiciones de conflicto armado en los territorios.
• Realizar el nombramiento de los seis expertos comisionados de la CREG con dedicación exclusiva, y el perfil técnico y experiencia mínimos para la construcción de reglas claras y de largo plazo que generen confianza inversionista.

3. Crear cultura ciudadana frente al cuidado del servicio de energía. En cuanto a las pérdidas no técnicas y las prácticas y uso de la energía eléctrica se propone:

• Fortalecer la penalización por conexiones ilegales y robo de energía, y sumar esfuerzos con la Superservicios y la Fiscalía General de la Nación contra este flagelo. Esto impactaría en las pérdidas que deben pagar todos los usuarios.
• Rechazar, desde todas las entidades públicas, cualquier acto que la ciudadanía tome en contra de la infraestructura y del personal humano que cumple sus labores al prestar estos servicios. Estos robos o mayores costos afectan a todos.
• Realizar una campaña de uso eficiente de la energía, y promover el reemplazo de electrodomésticos y demás elementos por aquellos que consumen de manera más eficiente la energía que requieren, lo cual redundará en menor valor de la factura.

Acciones a cargo de otras autoridades

4. Asegurar el pago total de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos. El valor adeudado por concepto del servicio de energía por estas entidades hoy asciende a alrededor de $350 mil millones. Su pago permitirá a los prestadores tener una mejor condición para recomponer los montos cobrados a los usuarios que están bajo su gestión, como el lapso en el que se cobrará el saldo de la opción tarifaria.

5. Revisar los impuestos locales definidos por los gobiernos departamentales y municipales. Solicitaron al Gobierno Nacional trabajar mancomunadamente con los gobiernos locales para que se revise la posibilidad de reducir el valor de los impuestos locales como el alumbrado público e impuestos de seguridad, que hoy pueden llegar a representar el 30% del valor de la factura, o la separación temporal de estos valores del recibo de la energía.

“El régimen tarifario, se ha desarrollado bajo preceptos y principios contenidos en la Ley, que deben mantenerse; y en caso de requerirse una modificación de las fórmulas, estas deben garantizar la remuneración de los costos de prestación de los servicios con incentivos suficientes para asegurar que las inversiones requeridas para prestar los servicios con calidad se ejecuten efectivamente. De lo contrario, estaríamos retrocediendo en el tiempo, a las épocas de finales de los años 80´s en los que la ausencia de las inversiones nos llevó a un apagón” concluyeron los directivos gremiales.