Comunidades Energéticas, una apuesta con grandes beneficios
Por Álvaro A. Gámez Peñaranda Abogado, especialista en derecho administrativo y magíster en periodismo
Los efectos del Fenómeno del Niño, que van desde sequías e incendios hasta el incremento de las tarifas de energía, pueden ser mitigados en el futuro inmediato con una estrategia que el Gobierno Nacional ya puso en marcha y está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía.
Se trata de las Comunidades Energéticas. Grupos de personas naturales y/o jurídicas que se asocian para generar, comercializar y hacer uso eficiente de la energía a través de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER); es decir, aquellas que tienen un impacto ambiental mucho más reducido, como las energías eólica, geométrica y solar.
Cabe resaltar que la Constitución Política en su artículo 365 y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) habilitan a las comunidades organizadas para que sean prestadoras de servicios públicos. Sin embargo, esta iniciativa o modelo, que existe desde el Siglo XX en Europa y principalmente en Alemania, país que ha avanzado de manera significativa en la transición energética, es nuevo en Colombia.
Y fue este gobierno el que las reglamentó, con el artículo 235 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), el cual le da vida a la figura jurídica de Comunidades Energéticas y con el Decreto 2236 de 2023, que creó dos nuevas figuras: el autogenerador colectivo (AGC) y el generador distribuido colectivo (GDC).
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El Decreto 2236 de 2023 establece, además, que las comunidades organizadas sean prestadoras de servicios públicos y más concretamente de energía, a través de un contrato o convenio asociativo.
Su beneficio es muy amplio, pues contribuiría a bajar las tarifas de energía, especialmente en la costa Caribe, donde los altos costos golpean los bolsillos de las familias, y el país sería menos dependiente de los recursos fósiles y de las fuentes convencionales para la generación de energía.
Pero estas no son las únicas bondades que tienen las Comunidades Energéticas, ya que estas también ofrecen provechos en materia de pobreza energética y pobreza multidimensional.
Y es que además de mejorar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de poblaciones vulnerables, también permitirán que quienes hagan parte de esta iniciativa sean auto generadores de su energía y puedan comercializar sus excedentes para la creación de otras actividades productivas.
Este proceso ya rueda y dentro de poco será una realidad. El Ministerio de Minas y Energía, junto a otras carteras y entidades del Estado, evalúan los criterios de focalización regional y poblacional de las 18 mil comunidades que se postularon el año pasado, para establecer un orden y comenzar con la implementación de este ambicioso proyecto.
De igual manera, trabajan en la consecución de los recursos con presupuestos públicos del orden nacional y cooperación internacional, entre otros, para el despliegue del proyecto a lo largo y ancho del territorio nacional. La meta del Gobierno es llegar a las 20.000 comunidades energéticas en 2026. Una cifra que, literalmente, enciende la luz de la esperanza en el país.
