RAP Caribe propone soluciones a minminas para avanzar en un sistema eléctrico confiable

El gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano, en compañía del gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, le solicitó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, la conformación de una mesa de trabajo en la que se establezcan mecanismos claros para articular acciones que continúen garantizando un servicio eléctrico confiable, eficiente y continuo en la región Caribe.
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En una carta que Verano le entregó al ministro se lee, de manera puntual, cuáles son las prioridades que necesita el sistema eléctrico, en especial en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico donde la empresa intervenida Air-e, pese a algunas mejoras, necesita cambios sustanciales.
“La situación de Air-e, marcada por una alta obsolescencia de activos, pérdidas energéticas críticas y limitaciones operativas, requiere una intervención estructural y urgente. La toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es una oportunidad para ejecutar un plan de rescate técnico y financiero con respaldo nacional. Es necesario buscar, desde ya, los mecanismos financieros y normativos que permitan la sostenibilidad y mejora continua de la empresa intervenida”, se lee en la misiva.
El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, indicó que la prioridad es que tanto el Gobierno nacional y los territorios entren en un diálogo fluido para que haya una real incidencia en cada una de las etapas del sistema energético.
“Estamos solicitando una interlocución más dinámica para abordar múltiples situaciones que enfrenta el sistema eléctrico de la región que va desde la generación, transmisión y la misma viabilidad del sistema, para eso es necesario trabajar conjuntamente la Nación y territorios, y por eso viajamos hasta Riohacha con ese fin”, precisó Pérez.
En la carta está consignada la deuda que tiene Air-e con el sector eléctrico y la síntesis del diagnóstico técnico de los activos de la empresa en el que se identifican sus principales debilidades, las soluciones técnicas recomendadas, su costo estimado y los tiempos proyectados de ejecución.
En cuanto a las deudas se estiman que suman 2,1 billones de pesos, de los cuales, 1,5 billones corresponden al periodo comprendido desde la intervención de la empresa por parte del Gobierno nacional.
En relación con el sistema de transmisión regional, se lee que “se encuentra sometido a altos niveles de carga que afectan las subestaciones, situación que ha implicado racionamientos programados y que ha obligado a la declaración por parte del Centro Nacional de Despacho de Estado de Emergencia para 3 de las 4 áreas operativas de esta zona del país”.