Tormenta política sacude a Colombia:fallo del Tribunal Superior de Bogotá restauró derechos al ex presidente Álvaro Uribe
Por JAVIER DE LA HOZ LUNA
Colombia enfrenta una tormenta política, desde ayer, luego que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, de los delitos de soborno y fraude procesal por los que había sido condenado por la juez 44 del Circuito de Bogotá Sandra Heredia a 12 años de cárcel. El magistrado Manuel Merchan, sostuvo que no existen pruebas que confirmen que el ex mandatario haya dado instrucciones al abogado Cadena para sobornar a presuntos testigos en su contra.
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El fallo no solo implica la liberación del expresidente para participar plenamente en la política, sino que también reaviva divisiones profundas entre los distintos sectores políticos del país. Según sus defensores, se trata de una restauración de los derechos fundamentales y de un triunfo de la presunción de inocencia.
Por otra parte, críticos interpretan la sentencia como un retroceso en la credibilidad de las instituciones. Se argumenta que muchos ciudadanos ven en este desenlace una muestra de que las altas esferas del poder y el sistema judicial siguen siendo permeables a influencias políticas o mediáticas, lo que incrementa la desconfianza generalizada.
Esta percepción afecta especialmente a la frontera entre justicia y política, y podría tener repercusiones significativas en el proceso electoral de 2026, al intensificar la polarización y fomentar la “judicialización” de conflictos políticos.
En el plano electoral y partidista, la absolución refuerza el papel de Uribe y su movimiento político —el Centro Democrático— en la arena de la derecha colombiana. La decisión le permite revalidar su protagonismo y preparar su retorno o el de sus aliados para los próximos comicios. Al mismo tiempo, al gobierno actual, liderado por Gustavo Petro, le plantea un escenario más complejo: la necesidad de movilizar sus bases y responder al sentido de injusticia que gran parte de la opinión pública expresa. En ese contexto, Petro ha retomado la idea de impulsar una Asamblea Constituyente como bandera política ante lo que considera atropello institucional.
Finalmente, desde una perspectiva de gobernabilidad, esta coyuntura plantea dos grandes retos. Primero: cómo equilibrar la independencia judicial frente a las presiones políticas, para evitar que decisiones clave refuercen la idea de que “la justicia es para algunos”. Segundo: cómo gestionar el aumento de la polarización sin que derive en un debilitamiento institucional mayor o en estrategias de venganza política. En resumen, el fallo a favor de Uribe reaviva tanto el poder de una figura clave del pasado como la urgencia de una reflexión profunda sobre cómo funciona realmente la justicia y la política en Colombia.
