#LaOpinionDeColmenares. La etnoeducación: un modelo para extorsionar docentes
Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez @LColmenaresR
El modelo de etnoeducación que tantos líderes wayuu defendieron como una conquista de autonomía cultural terminó convirtiéndose en una maquinaria de abusos hacia quienes deberían ser la columna vertebral del sistema: los docentes. Lo que recibo a diario de maestros y maestras de Uribia, Manaure y la Alta Guajira es la radiografía de un modelo que, lejos de dignificar la educación propia, terminó desbordado por la corrupción, la extorsión y la captura de poder por parte de algunas autoridades tradicionales y líderes locales.
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Lo que expongo aquí corresponde a denuncias directas y testimonios que me envían los afectados, quienes me autorizan a divulgar la situación siempre que preserve su identidad por obvias razones. Y lo hago porque ya es imposible seguir callando.
Una maestra de Uribia me envía copias de los recibos de consignación que debe pagar mensualmente a una líder de la comunidad que la extorsiona para permitirle seguir dictando clases. ¿En qué rincón del mundo civilizado un maestro tiene que pagar para educar? ¿Cómo llegamos al punto en el que el sistema educativo se convierte en una renta más para estructuras locales que encontraron en la etnoeducación una nueva fuente de ingresos?
Los líderes y autoridades tradicionales “quitan y ponen maestros a su antojo”. No es un mecanismo meritocrático, ni un sistema de evaluación, es el “yo mando aquí” que se impone como regla no escrita, pero obligatoria. Los docentes viven bajo amenaza constante de perder su puesto si no pagan cuotas, si no cumplen exigencias económicas, si reclaman condiciones mínimas o si se resisten a funcionar como cajeros automáticos de quienes ejercen poder territorial.
Una maestra me escribe: “Además de proveerme mi alimentación, habitación y todo lo básico para vivir, tengo que gastar de mi sueldo en materiales de clase, comprar alimentos para los estudiantes y, para rematar, consignar mensualmente a una líder de la comunidad”. Otro docente me cuenta que si no hay salón de clases, deben construirlo con su propio dinero o alquilarlo. ¿Cómo puede un maestro concentrarse en enseñar si vive en permanente angustia económica, emocional y laboral?
No puedo afirmar si esto pasa “en todo lado”. Lo verificable es que los organismos de control han documentado patrones de irregularidades, presiones indebidas y disputas de control en el sector educativo en La Guajira. Lo que describen los docentes sobre extorsión directa, cobros obligatorios, amenazas explícitas, no ha sido reconocido oficialmente,solo puedo decir: son denuncias creíbles, consistentes y reiteradas, pero no puedo confirmarlas como hallazgos oficiales.
Lo grave es que el silencio institucional está alimentando la sensación de que La Guajira es “tierra sin Dios ni ley”. Los docentes preguntan: “¿Qué dicen el gobernador y la Secretaría de Educación? ¿Y el alcalde de Uribia? ¿Es que también tienen cuota? ¿Están metidos en el negocio?” No tengo pruebas para afirmarlo y no puedo presentar algo que no se pueda verificar. Pero sí puedo confirmar que la falta de acción pública es absoluta, indignante y peligrosa.
Por si fuera poco, muchos docentes denuncian que los rectores actúan como dueños de la comunidad. Una rectora en Uribia, según varios mensajes que recibo, afirma abiertamente que “la Secretaría de Educación no le va a hacer nada”. Los maestros me dicen que están abandonados, sometidos y tratados “como si fueran perros”. Que los sindicatos educativos solo aparecen cuando necesitan que les transfieran las cuotas de afiliación, pero no para defenderlos del abuso sistemático que padecen.
¿Este es el modelo de etnoeducación que se reclamaba como expresión de autonomía cultural? Porque la autonomía no es sinónimo de extorsión, abuso, persecución ni dominio arbitrario. Y si la etnoeducación se convirtió en una estructura de sometimiento, entonces a La Guajira no le fallaron los maestros: le falló el Estado. Y le falló por abandono. Y el abandono también es corrupción.
Seguiré denunciando, con nombres ocultos si es necesario, pero con la verdad por delante, hasta que la educación en La Guajira también deje de ser una trampa mortal y más bien vuelva a ser lo que siempre debió ser: un camino de dignidad, no un mercado de extorsión.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
