MOE advierte sobre incremento en riesgos por violencia y desinformación de cara a las presidenciales del 31 de mayo
La Misión de Observación Electoral —MOE— presentó su informe a la décima tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. En el documento se analizan las dinámicas de la votación rural en zonas con injerencia de grupos armados ilegales, se actualiza el mapa de riesgo electoral por factores de violencia, se reitera la necesidad de un desembolso expedito de los anticipos para las campañas presidenciales, y se enlistan los desafíos en materia de integridad informativa de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, entre otros.
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1. Votación rural y riesgo por injerencia armada
A partir de un análisis estadístico de los resultados de preconteo de las elecciones al Senado 2026, la MOE concluyó que no se evidencia una correlación estadística significativa entre el control territorial de grupos armados ilegales (GAI) y el éxito electoral específico frente a determinada organización política.
De acuerdo con el informe, en el 57 % de los municipios que cuentan con puestos de votación en zona rural (555 de 975) existe presencia de al menos un GAI. De estos, en un 63 % (348 municipios) hay injerencia de un único grupo, mientras que en el 37 % restante (207 municipios) se registran disputas entre varias estructuras ilegales.
Según Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “los partidos que más votos tienen en la ruralidad colombiana son, en general, el partido Liberal y el Partido Conservador. Y en las regiones con presencia de GAI, les siguen el Pacto histórico, el Partido de la U y el Centro Democrático. Es decir, la ruralidad colombiana sigue siendo un escenario de disputa política plural”.
No obstante lo anterior, la MOE reitera que es necesario continuar con el seguimiento a las afectaciones que las diferentes campañas electorales han tenido durante el ejercicio de su actividad proselitista, tales como la restricción de realización de de eventos de campaña o la vandalización de propaganda y sedes de campaña, entre otras. Lo anterior con el fin de adoptar las medidas necesarias que permitan mitigar cualquier tipo de riesgo tanto para las candidaturas como para sus simpatizantes.
2. Actualización del Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia
La MOE actualizó la información de su Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia con corte a 30 de abril de 2026. La organización identificó un total de 386 municipios en riesgo, lo que corresponde al 34,4% de los municipios del país. De estos, 139 están en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio. Los departamentos más afectados son Cauca (28 municipios en riesgo extremo) y Antioquia (17 municipios en riesgo extremo). Además, la observación electoral pidió a las autoridades prestar atención especial a los departamentos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.
Al respecto, la organización aclaró que cuando se señala que un municipio se encuentra en riesgo, no necesariamente significa que la totalidad del territorio municipal esté en tal condición.
“La información que entregamos al país tiene como objetivo facilitar el seguimiento y la articulación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales para la adopción medidas de prevención y mitigación de riesgos que eviten la afectación de los derechos políticos de los ciudadanos. Esta situación exige una respuesta estatal que no sea solo de presencia de fuerza pública, sino de garantías integrales para el ejercicio democrático en los territorios”, afirmó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.
3. Acceso a anticipos para las campañas presidenciales
La MOE advirtió que a solo 19 días de la jornada electoral presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026, resulta fundamental definir una ruta expedita para que las campañas que han solicitado recursos de financiación por vía de anticipo puedan adquirir la póliza de garantías exigida por la ley.
Para la MOE resulta preocupante la información recibida por parte de diferentes campañas en las que se informa sobre las dificultades que han tenido para poder acceder a la misma. “Las campañas requieren estos recursos para competir en condiciones equitativas, y cada día de retraso en su entrega ocasiona un daño irreparable a la contienda democrática”, reiteró Barrios.
4. Desinformación, integridad de la información y confianza electoral
Frente al entorno informativo de cara a las elecciones a Presidencia, la MOE identificó un incremento en las narrativas desinformativas contra el sistema electoral y a las autoridades encargadas de organizar las elecciones. Estas incluyen supuestos escenarios de “fraude electoral” y una presunta cooptación o manipulación de la Registraduría.
“Nos genera especial preocupación el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para la producción de contenidos manipulados, incluyendo deepfakes, audios sintéticos e imágenes falsas que simulan situaciones inexistentes o que atribuyen declaraciones a actores políticos y autoridades públicas. Este tipo de contenidos se viralizan, dificultan la verificación ciudadana y pueden profundizar escenarios de desconfianza y radicalización política”, dijo Frey Muñoz, subdirector de la MOE.
La MOE rechazó los contenidos y publicaciones que buscan desacreditar candidaturas mediante ataques por razones de género u orientación sexual, especialmente contra mujeres candidatas. Asimismo, pidió al CNE enviar un mensaje a la opinión pública y a las organizaciones políticas para que en el marco del proceso electoral se rechacen dichas estigmatizaciones.
5. Inclusión y enfoque diferencial
Finalmente, el informe señala que, a pesar de la existencia de medidas para garantizar el voto de poblaciones vulnerables, persisten fallas en la implementación de los protocolos para personas trans y personas con discapacidad.
“Hemos identificado situaciones críticas en la capacitación de los jurados y en la visibilidad de las herramientas de accesibilidad en los puestos de votación. Es fundamental que la Registraduría fortalezca la apropiación de estos protocolos por parte de todos los actores electorales para que el derecho al voto se ejerza en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación”, dijo Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.
La organización recomendó fortalecer de manera urgente la articulación entre las autoridades electorales, las organizaciones de la sociedad civil y la academia mediante la activación de espacios de diálogo y retroalimentación. Para la MOE es fundamental que estos escenarios de coordinación permitan revisar, ajustar y socializar oportunamente los protocolos de accesibilidad y atención diferencial, para así asegurar una respuesta institucional inclusiva para las elecciones presidenciales.
