Tribunal del Atlántico anula las resoluciones que sustentaban el sistema de recaudo en Barranquilla
Un fuerte golpe recibió el Sistema Integrado de Recaudo del Transporte Público Colectivo (SIBUS) en el área metropolitana de Barranquilla, luego de que el Tribunal Administrativo del Atlántico declarara la nulidad de los actos administrativos que permitieron su implementación, al establecer que el proyecto fue puesto en marcha sin cumplir con los estudios técnicos y financieros exigidos por la normatividad.
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La decisión fue adoptada por la Sección «C» del Tribunal Administrativo del Atlántico, con ponencia del magistrado Óscar Iván Castañeda Daza, al resolver la demanda presentada por las empresas Sociedad de Transportadores Urbanos del Atlántico (Sobusa S.A.) y Transportes Alianza del Atlántico (Trasalianza S.A.) contra el Área Metropolitana de Barranquilla. El alto tribunal revocó la sentencia de primera instancia, que había negado las pretensiones de los transportadores, y declaró la nulidad de la Resolución Metropolitana 197 del 4 de octubre de 2021, mediante la cual se fijó el marco institucional y las condiciones para implementar el sistema de recaudo centralizado, el control de flota y las ayudas tecnológicas para el transporte público colectivo.
El fallo también dejó sin efectos las Resoluciones 258 del 30 de noviembre de 2021, 12 del 7 de enero de 2022 y 56 del 2 de marzo de 2022, expedidas por el Área Metropolitana, al considerar que modificaban un acto administrativo que carecía de sustento legal. Según la corporación judicial, la entidad avanzó en la implementación del SIBUS sin que existieran previamente los estudios técnicos, financieros y de estructuración requeridos para un proyecto de esta magnitud.
Para el Tribunal, el Área Metropolitana incurrió en una irregularidad al materializar el sistema de recaudo antes de cumplir con el procedimiento establecido por la ley, lo que vulneró los principios de planeación y legalidad que deben regir la administración pública. En consecuencia, el alto tribunal ordenó anular los actos demandados, negó las demás pretensiones de la demanda y dispuso devolver el expediente al juzgado de origen una vez la sentencia quede ejecutoriada.
La decisión abre un nuevo capítulo en el futuro del transporte público colectivo de Barranquilla y su área metropolitana. Además de representar una victoria jurídica para las empresas demandantes, obliga a las autoridades metropolitanas a replantear el modelo de recaudo tecnológico y evaluar los efectos que tendrá este fallo sobre la operación del sistema. Mientras tanto, el SIBUS queda sin el soporte jurídico que sustentó su implementación, generando incertidumbre sobre los pasos que deberá seguir el Área Metropolitana para garantizar la modernización del transporte dentro del marco legal.
