Aumentan dificultades por escasez de combustibles
José David Name Cardozo, senador del Partido de la U.
Por JOSÉ DAVID NAME CARDOZO Senador de la República
Hace solo unas semanas alertábamos sobre la preocupante crisis de combustible que en ese entonces asomaba su cabeza en el sur de nuestro país. Hoy, después de los bloqueos y las protestas realizadas por las comunidades indígenas en la vía Panamericana, nos enfrentamos a un escenario categóricamente crítico.
A unos días de que se suscribiera el acuerdo entre el gobierno y la minga indígena para levantar el paro, el desabastecimiento de combustibles continúa siendo la principal preocupación de los habitantes de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Las dificultades diarias que produce la carencia absoluta de gasolina, diésel y gas propano arremete contra toda la comunidad que sufre un indolente drama al no contar con insumos básicos para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Esta situación ha sido un duro golpe para un sector que ya venía desestabilizado debido al déficit en la producción de diésel . Pese a que PetroEcuador, la estatal ecuatoriana, respondió de manera positiva a la solicitud del Gobierno Nacional de apoyar como una medida especial con la exportación de 705.000 mil galones de gasolina, 450.000 de diésel y 420.000 de GLP, los volúmenes despachados al día de hoy no son suficientes para cubrir ni medianamente la demanda en el sur del país.
El Ministerio de Minas y Energía mediante la resolución 40240 del 14 de marzo de 2019, esperando hasta el último momento, autorizó a Ecopetrol movilizar los combustibles líquidos a la planta de almacenamiento ubicada en Tumaco, para que los distribuidores mayoristas, por fin, aprovecharan esta planta como punto de abastecimiento estratégico, así sea de manera temporal. Ante esto, distintos representantes de las poblaciones de la región han ratificado su molestia por lo injusto que resulta contar con un puerto, que a pesar de abastecer a otros, mantiene sin combustible a su propio municipio.
Denuncian los habitantes de Tumaco que para aprovisionarse de gasolina deben realizar filas de más de ocho horas diarias, lo que, más allá de ser una falta del Estado que raya en los relatos que llegan desde Venezuela, es una pesadilla para los que lo sufren diariamente. Obligados por el desespero muchos han recurrido a la gasolina de contrabando, lo que ha disparado las ventas irregulares de combustibles en las principales poblaciones del sur, agravando la ya de por sí grave problemática.
En un escenario idóneo, durante una crisis de esta naturaleza, toda rencilla o situación que desgaste esfuerzos no encaminados a encontrar soluciones, se debe hacer a un lado, de tal manera que todos los actores que intervienen se unan para trabajar por el bienestar de las mayorías. Infortunadamente, esto no podría distar más de la realidad, porque la pugna que desde hace un tiempo existe entre los minoristas de gasolina y el Puerto de Tumaco sigue primando para los que por años se han beneficiado del monopolio institucional. Añadiéndole más palos a una rueda a la que ya no le caben más.
Los obstáculos y restricciones infundadas por el Gobierno Nacional, se extienden al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el cual brillan por su ausencia las iniciativas para beneficiar a la región Costa Pacífica, evidenciado la negligencia, o quizás olvido por falta de interés de los Ministros de Estado para con esta región, costumbre que ha limitado su desarrollo y capacidad de generación de bienestar.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), actualmente bajo estudio en el Congreso de la República, debe servir para definir de manera clara los puntos estratégicos que aseguren la estabilidad en la prestación del servicio público de transporte y distribución del petróleo y sus derivados de tal forma que se asegure la confiabilidad en el sistema.
Esperamos que ahora que se logró un acuerdo para levantar el paro indígena, el Gobierno se ponga en la tarea de buscarle una solución a la avisada crisis de combustible que se vive en el sur del país, que ha causado incalculables pérdidas en el sector económico y ojalá no migren sus efectos negativos a la seguridad física y salud de los Colombianos.
