En el 2020: 112 periodistas contagiados de covid-19 y 36 perdieron la batalla
*Según informe de Fecolper el aumento de la violación a la libertad de prensa fue la constante en el último año.
El 2020 se caracterizó por un aumento de violaciones a la libertad de prensa y obstrucciones al trabajo periodístico, evidenciado en más de un centenar de intimidaciones, perfilamientos, interceptaciones ilegales e incluso el acoso judicial contra medios y periodistas, en lo que pareciera tener como objetivos amedrentar, silenciar y/o imponer opiniones por encima de hechos e intereses a costa del bien común. Todo lo cual se acentúa con la pandemia de la Covid 19, que ha dejado 112 periodistas y trabajadores de los medios contagiados y 36 fallecidos como consecuencia de la enfermedad el año anterior.
Así las cosas, Colombia sigue siendo un país con un alto registro de riesgo asociado a la práctica del periodismo, lo cual se sustenta en la creciente agresividad, violencia e intolerancia contra profesionales de la información, que en la mayoría de los casos proviene directamente del Estado y se manifiesta a través de distintas formas de censura, estigmatización y persecución de los mismos, contrariando su obligación de garante de la actividad periodística, tal como se consigna en la Constitución Política nacional y en los acuerdos internacionales.
El coronavirus ha sido para el gremio de periodistas sinónimo de muerte, cierre de medios, dificultades de subsistencia y revelación de un “virus” de indiferencia por su labor, develando que poco cuenta para las autoridades. En primer lugar, puso en evidencia y profundizó la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la mayoría de periodistas “independientes”, como de los medios de comunicación de provincia y Región, principalmente, situación que ya había sido estudiada y por la Fecolper[1] en el “Informe Periodismo: Trabajo Indecente”, en el que se revelaba que el 79% de 1.200 profesionales encuestados subsistían de la publicidad.
En segundo lugar, en razón a la pandemia se emitieron disposiciones del orden nacional y con repercusiones locales que agudizaron la precariedad económica del gremio en las regiones, como la Directiva 16 del 22 de abril de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, la cual dirigida a ordenadores del gasto del sector oficial consideró la contratación publicitaria como no necesaria, en la que administraciones municipales y departamentales se respaldaron para no contratar los servicios de cientos de periodistas y que aún sigue vigente en departamentos como Arauca, razón por la que Fecolper sentó su posición e hizo varias recomendaciones al ente, pero sin cambio sustancial alguno.
En tercer lugar, la pandemia confirmó en Colombia que las autoridades no han considerado al periodismo como un servicio esencial que coadyuva la democracia. Fecolper, articulada con cinco gremios de periodistas más, solicitó al Presidente de la República, Iván Duque a través de 10 puntos principales atención especial a periodistas en tiempos de pandemia, ya que su labor es soporte del Estado de Derecho, sin respuesta alguna a casi un año del inicio de medidas.
A esto se le agrega la delicada controversia de que los mass media, poco o nada exponen sus propias crisis, la desprotección laboral acomodada en la ausencia de normas firmes que favorezcan el ejercicio del periodismo, como constitucionalmente lo proclama: un bien público y en pro de la democracia, además de la bajísima sindicalización o casi inexistencia de sindicatos que harían posible contar con un escudo laboral más fuerte, aunada la recarga laboral en las reducidas salas de redacción y el temor a no hallar trabajo sí se hacen denuncias.
Todo lo anterior, ha sido un caldo de cultivo para el momento crítico por el que pasa el periodista colombiano, que en gran medida se ha convertido en un “empresario· o “emprendedor” de los medios, términos rimbombantes que esconden precariedad laboral y empobrecimiento del sector, aunque a muchos les cuesta reconocerlo, por ser una profesión de alto impacto social. Es momento, de la autocrítica y de que esta situación de choque impulse a búsquedas colectivas de soluciones.
Asimismo, en Colombia la debilidad institucional en las zonas de frontera se sigue evidenciando con la presencia de actores ilegales organizados y delincuencia común que vulneran los derechos de la población.
La forma más habitual de vulneraciones de la libertad de prensa se ha configurado en atacar el buen nombre y profesionalismo de los comunicadores ante la opinión pública, al estigmatizar y desvirtuar su trabajo, lo que podría desincentivar a muchos profesionales. No obstante, las agresiones físicas, el ciber acoso, violencia diferencial, la censura, las violaciones laborales, acoso judicial, amenazas, seguimientos y vigilancias ilegales, así como el asesinato, son varias de las formas agresivas que se siguen presentando en Colombia para callar la verdad.
Estamos ante una crisis de libertad de prensa, de perdida de derecho a la expresión libre y a estar informado desde distintas miradas, alimentada por varios factores: 1) la situación de desprotección laboral de los periodistas independientes y una situación de debilidad socio económica en la mayoría de los informadores, 2) una coyuntura de polarización y estigmatización incendiada por líderes políticos y de opinión, colocando a Colombia en un Estado de Opinión, 3) la indiferencia y/o desconocimiento social del rol del periodista en la construcción de democracia, preservador de derechos fundamentales como a ser informado de forma plural, 4) pérdida del Estado de Derecho, ante la unificación, cada vez más, de los poderes, así como los frenteros y descarados intentos de hacerlo parecer lo ideal, 5) impunidad y lentitud de la justicia y entes investigativos en casos probados de crímenes contra periodistas, que envían un mensaje entre líneas de que al periodismo puede moldeársele conforme al interés del atropellador, 6) presión de personajes de la vida pública a través de acciones judiciales contra periodistas y se puede concluir 7) lo que sucede a los periodistas es una expresión de lo que pasa en país en materia de derechos humanos y de fallas de justicia social.
