Tribunal Superior revive proceso judicial a Exalcalde de Salamina
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, con ponencia del magistrado José Alberto Dietes Luna, revivió proceso penal que se había iniciado contra José Nicolás Díaz Marchena, ex alcalde de Salamina en el 2019 y que ahora, la Fiscalía General de la Nación presenta acusación por contratar sin cumplimiento de requisitos legales.
El exalcalde Díaz Marchena, podría ser condenado de acuerdo a la investigación que se adelanta en su contra, teniendo en cuenta que en su condición de Alcalde de Salamina, suscribió contrato con la Asociación de Municipios de la Subregión Ciénaga Grande de Santa Marta, Asociénaga, por 3 mil 625 millones de pesos, cuyo objeto era la “adecuación y recuperación del parque central del municipio Salamina, en el departamento del Magdalena”.
Esa contratación fue directa, lo que está prohibido por la Ley y por la cual se tipifica allí un contrato sin observancia de los requisitos legales, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública.
Por esa irregular situación, el representante legal de Asociénaga, Millar Adolfo Martínez González, también deberá responder por la misma conducta delictiva.
Asimismo, se precisa que la Fiscalía 35 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta presentó el escrito de acusación en contra de Díaz Marchena y de Martínez González, razón por la cual y por competencia, el proceso llegó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, que el 5 de octubre del año anterior decidió decretar la preclusión de la actuación.
Esa preclusión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, el proceso pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que en méritos de las razones expuestas dentro del expediente, y en nombre de la Ley y de la República de Colombia, el 11 de octubre del año en curso revocó dicha preclusión.
SANCIÓN
La pena a la que se enfrentaría el exalcalde José Nicolás Díaz Marchena es por el contrato interadministrativo No. 175-2017, tanto él como el contratista Millar Martínez se enfrentarían a sanción penal con una sentencia condenatoria que acabarían con cualquier aspiración políticas.
