Indemnizaciones a víctimas del conflicto en Atlántico superan los $127 mil millones
Ciro Agustín Ramírez de 76 años, discapacitado por una enfermedad progresiva en sus ojos, se desplazó hace 18 años del municipio de Villanueva, sur del departamento de La Guajira, cuando empezaron las amenazas contra su vida y la de su familia. Allí vivía junto a su esposa y 8 hijos y tenía una finca llamada Monte Cruz, en el sector de la cabecera del Río Molino, en la que cosechaba maíz, yuca, tomate de árbol y otros bastimentos.
“Mientras la guerrilla me exigía alimento y atención para ellos, el Ejército se imaginaba que yo podía ser colaborador de este grupo armado, pero no, yo no me presté para eso”, contó Ciro, sujetando su bastón mientras esperaba junto a dos de sus hijas la entrega de la carta de indemnización.
Ciro y otras cientos de víctimas del conflicto mayores de 74 años, que acudieron este lunes al Centro Regional de Soledad, fueron indemnizadas por la Unidad para las Víctimas en una jornada especial de orientación y acercamiento a la oferta del Estado, con enfoque diferencial.
Durante la jornada, 134 víctimas de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, y delitos contra la libertad e integridad sexual recibieron la carta de indemnización administrativa y, en algunos casos, judicial (ordenada por jueces de Justicia y Paz).
“Cuando salimos de allá llegamos primero a Soledad, donde una conocida de mi papá que nos ayudó y nos dio comida. En ese entonces él todavía veía bien. Luego mis hermanas mayores empezaron a trabajar y ya pudimos empezar a pagar un arriendo y empezamos a estabilizarnos. Pero ahora, con la situación de salud de mi papá, necesitamos invertir este dinero en una vivienda propia, para que lo que podamos conseguir con nuestro trabajo sea para la comida y medicamentos”, afirmó Virginia, una de las hijas de Ciro.
De acuerdo con la resolución 1049 de junio de 2019, la Unidad para las Víctimas ha priorizado el pago de la indemnización para aquellas víctimas que padecen de enfermedades huérfanas, crónicas, terminales, discapacidad, o tienen 74 o más años de edad.
El director territorial de la Unidad en Atlántico, Alfredo Palencia, habló sobre este proceso de enfoque diferencial a las víctimas citadas a la jornada, con el fin de que estos sean portavoces de la información para que otras víctimas, que no cumplen con estos criterios, entiendan por qué les corresponde esperar para recibir en otro momento la carta de indemnización.
“La reparación integral a las víctimas implica muchas cosas, entre ellas la indemnización, por lo que hoy estamos cumpliendo con el pago de $1.270 millones para un gran histórico en el departamento del Atlántico de $127 mil millones en tema de indemnizaciones, lo que dice que el Estado está cumpliendo con la reparación de las víctimas en las proporciones que el presupuesto nacional lo permite, sobretodo haciendo énfasis en el enfoque diferencial”, explicó Palencia.
Las víctimas indemnizadas en esta ocasión residen en Barranquilla y en los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Galapa, Juan De Acosta, Luruaco, Malambo, Manatí, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás, Soledad, y Suán.
