Resolución 2364 2023 del Gobierno Nacional agrava situación financiera del Sistema de Salud

Es importante darle claridad a cada uno de los colombianos sobre la situación actual del sistema de salud. La estabilidad de las finanzas del sistema está en riesgo por múltiples razones tales como dificultades en su financiamiento y en el flujo de los recursos, lo cual requiere de acciones racionales por parte del Gobierno para afrontarlas, no de una reforma a la salud, que como hemos insistido y argumentado, no soluciona los retos del sistema.

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El país ha venido enfrentado un conjunto de medidas por parte del Gobierno que han llevado a un sistema de salud desfinanciado como consecuencia de la subestimación de la UPC y de los presupuestos máximos, dilaciones injustificadas para el pago a las EPS, una crisis de desabastecimiento de insumos y medicamentos, esta última afectando especialmente a los usuarios de enfermedades de alto costo, y señalamientos en particular a las EPS, gestando la “crisis explícita” que en su momento el mismo Gobierno consideró necesaria para que la sociedad entendiera la necesidad de la reforma a la salud. Todo esto, en ningún momento, se puede atribuir al proceso democrático que la reforma está surtiendo en el Congreso de la República.

Nos preocupa enormemente que el Gobierno, mediante la Resolución 2364 de 2023, estableció que para la vigencia 2024 las EPS deberán destinar como mínimo el 5% de la Unidad de Pago por Capitación – UPC (prima que asigna el gobierno a las EPS para que atiendan a cada afiliado) del régimen contributivo y subsidiado para la operación de los Equipos Básicos de Salud, disposición que se da sin la claridad de un estudio previo que evidencie el impacto real de la medida. Actualmente, el Ministerio de Salud está regulando las condiciones para dicha operación a través de un proyecto de resolución, cuyo contenido ha generado principalmente tres alertas. Primera, con esta asignación de recursos que toman de la UPC, equivalentes a alrededor de $5 billones mensuales, que serán girados directamente por la ADRES a los hospitales públicos, agravarían la sostenibilidad financiera del sistema y, con ello, la garantía del derecho fundamental a la salud y la adecuada prestación de los servicios asistenciales, que no se garantiza por la existencia de los Equipos.

Segunda, limitaría la participación de las instituciones prestadoras de servicios privadas o mixtas en la conformación de los Equipos, la cual sólo podrá hacerse de forma excepcional y, tercera, aumentaría riesgos de darse una duplicidad de servicios y, por ende, doble pagos con recursos del Sistema, teniendo en cuenta que no se diferencian entre las actividades que hoy realizan las EPS y que continuarían frente a intervenciones individuales y las que realizarían los Equipos cuando entren a operar.

Nuestro propósito superior es Colombia y el bienestar de los ciudadanos. Insistimos en la necesidad de sensatez y racionalidad por parte del Gobierno en su actuar para no poner en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud y la eficiencia en el uso de los limitados recursos del Sistema, es imperativo defender la vida y la salud de los colombianos.