Autoritarismo, Aplicaciones y Control social en la «Nueva Normalidad»
La crisis originada por el coronavirus COVID-19 no solo ha destapado las falencias del sistema de salud en todo el planeta, sino que deja al descubierto que el miedo cause la cesión voluntaria de nuestra libertad e intimidad.
Por Ricardo Montenegro Vásquez
Recurrir a la tecnología usando aplicaciones en teléfonos móviles inteligentes conocidos como «smartphones» fue una de las soluciones planteadas, para reducir drásticamente la tasa de contagios y muertes, por cuanto estarían en la capacidad de avisar si eventualmente tuvimos un contacto con alguien portador del virus gracias a su sistema de geolocalización; ayudando con ello a los Estados a tomar la decisión del aislamiento de los portadores y sospechosos de haber contraído la enfermedad.
Esa estrategia logró que Corea del Sur frenara rápidamente la curva de contagios y en pocas semanas volver a abrir colegios, trabajos y lugares donde se desarrolla la vida cotidiana. Emulando dicho éxito, y al no haber vacuna, gobernantes de todo el Mundo empezaron a recomendar (o en algunos casos imponer) a sus ciudadanos el uso de éste tipo de aplicaciones como una herramienta para responder al reto de la pandemia.
La ventaja de conseguir vía app un diagnóstico masivo es altamente eficaz. El método es sencillo, al inscribirse le piden al usuario datos personales como sitio de residencia, edad, sexo, teléfono y correo electrónico. También se les pregunta cómo se siente cada día y activar incluso el bluetooth para mayor precisión del lugar donde se encuentra. Sin embargo, las alertas se incrementan cuando la aplicación pide acceso a elementos internos como la cámara o la memoria del equipo.
En Colombia ante una serie de críticas de académicos y usuarios, en los últimos días la Superintendencia de Industria y Comercio y la Procuraduría General de la Nación informaron que hacen el seguimiento a las aplicaciones utilizadas en territorio nacional: “Bogotá cuidadora”, “Medellín me cuida”, “EsperanzApp” (en Caldas y Risaralda), “Cuidémonos” (en Cartagena), “COVID-19 Boyacá”, «CaliValleCorona» y las nacionales: “Coronapp” y el sistema de ingreso solidario; por la laxitud en la recolección y uso de datos de la ciudadanía para combatir el coronavirus en el país.
Y es que el uso de las mismas implicaría el manejo de datos sensibles, restricciones a la movilidad e incluso derivaría en expedir una especie de «pasaporte sanitario» para dividir a los colombianos entre sanos y enfermos.
Los defensores de las aplicaciones hablan del fin loable que tienen al lograr detectar focos de contagio, pero sus detractores señalan la posibilidad de control social vía la entrega de datos y la tentación del autoritarismo de quienes tienen esa información.
Lo cierto es que desde hace casi dos décadas hemos ido entregando voluntariamente demasiado de nosotros mismos a los gigantes tecnológicos como Google y Facebook (dueño también de Whatsapp e Instagram), que conocen ahora nuestros gustos, comportamientos y círculos de interacción cercanos, los cuales usan para influir en los hábitos de consumo.
La reflexión que surge recientemente es si nos sentimos cómodos con entregar a los Estados a esta información y el uso de la misma. Es normal que nos cuestionemos: ¿Qué información de Salud es clave para “pelear contra el Covid-19”? ¿Dónde se almacenará? ¿Quién podrá acceder? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo y Cuándo la van a borrar?
La pregunta que sigue es ¿qué tan dispuestos estamos a que en la “nueva normalidad” pospandemia nuestra información (y ahora nuestra información de salud), siga dando vueltas por el ciberespacio? Y, sobretodo si nos sentimos cómodos al entregarla a los gobernantes y políticos de estas latitudes.
